La Colombia de Uribe: Protestas y represión de los indígenas del Cauca
22 de Octubre de 2008
“Criminales y falsos”. Esos son los calificativos que Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia, lanza contra los activistas pro derechos humanos que se desplazaron a su país para comprobar sobre el terreno la situación que viven los indígenas del Cauca, en el suroeste colombiano.
“Apologistas del delito y distorsionantes de la verdad”. También de eso les acusa. Y quizá por eso el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) tampoco se lo pensó dos veces a la hora de realizar detenciones y expulsiones del país por la vía de la urgencia, al parecer de manera arbitraria y sin permitir una asistencia legal de garantía para los detenidos.
Criminalizar a quienes se oponen al planteamiento del gobierno es práctica frecuente. Los propios indígenas, que ahora marchan hacia Cali continuando su protesta, han sido llamados terroristas o acusados de estar infiltrados por la guerrilla, y ahora, para restar legitimidad a la marcha emprendida, desde el gobierno se insinúa que está financiada con dinero procedente del extranjero. Aunque no se precise esa procedencia.
Pero, ¿ de qué verdad habla Uribe?
Si escuchamos a los indígenas, su verdad es que el gobierno ha incumplido acuerdos que se suscribieron en su momento sobre la devolución de tierras. El cumplimiento de esos compromisos, la reubicación de los desplazados forzosos y la oposición indígena a algunas leyes que les afectan directamente o al TLC (Tratado de Libre Comercio) que tanto maravilla al senador McCain, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, están en el origen de su protesta.
En versión de Uribe, esos acuerdos estarían cumplidos y sólo faltarían por entregar 4.000 hectáreas que el alto precio del terreno en esa zona ha impedido devolver antes a los indígenas. Las movilizaciones, por tanto, no tendrían en su opinión razón de ser.
Eso en cuanto al contenido de las protestas, sobre el que ambas partes en conflicto acusan a la otra de mentir.
La otra vertiente del problema, la que lleva a Uribe a hablar de “criminales y falsos”, es la actuación de la fuerza pública ante esas movilizaciones de protesta.
Los indígenas se quejan de la represión desproporcionada, y ésta es la versión que trasciende y se denuncia más allá de las fronteras colombianas. No sólo esos activistas pro derechos humanos de los que habla Uribe le acusan de ser responsable del uso desmedido de la fuerza contra los indígenas. La noticia ha encontrado eco en la prensa internacional y hasta asociaciones internacionales de juristas, alguna con estátus consultivo en la ONU, manifiestan su rechazo ante los métodos policiales empleados por el gobierno colombiano.
Para Uribe los indígenas mienten de nuevo. La actuación policial ha sido y es la necesaria para mantener el orden subvertido por los movilizados y el empleo de la fuerza el justo para defenderse de sus ataques. Y los palos y piedras que en fotografías y vídeos se ve esgrimir a esos indígenas se convierten, en la versión gubernamental, en armas de fuego y explosivos usados contra la fuerza pública.
Pero la única verdad que importa es el número de muertos y heridos que el conflicto lleva cobrados, balance en el que, si bien la fuerza pública no escapa indemne, sale perdiendo con mucho la comunidad indígena. Sus muertos empezaron a caer antes de que se iniciara la acción policial, asesinados, sin que esos asesinatos se hayan aclarado ni se conozcan los responsables. La investigación de esas muertes se suma también al resto de reinvidicaciones de los indígenas.
A esa verdad, la de que existe una situación de enfrentamiento con víctimas reales, muertos y heridos, se refiere la organización Avaaz como “la otra guerra colombiana”, en una acción de envío de cartas al presidente Uribe reclamándole el cese de la violencia contra los indígenas y el aceptar reunirse personalmente con ellos, como demandan, para solucionar mediante el diálogo el conflicto.
Eso sería lo deseable. No parece que la acción represora vaya a frenar las protestas indígenas. Muy al contrario, se espera que comunidades de otras zonas se vayan reuniendo con los indígenas del Cauca en esa marcha hacia Cali que aseguran continuarán hasta la misma capital, Bogotá, si fuera necesario.
Y lo que temen esas organizaciones de derechos humanos a las que Uribe acusa de mentir es que la tensión en los enfrentamientos siga creciendo y el balance de víctimas aumentando.
Nada es sencillo en Colombia en términos políticos, pero si alguna solución fuera posible, está claro que no pasa por la violencia. Eso nunca resuelve nada.
