Inadmitidos en Barajas: una pesadilla para el turismo latinoamericano (y sus anfitriones españoles)
14 de Octubre de 2009
Termino con este post la serie referida al incidente sufrido por dos ciudadanas venezolanas invitadas a España de vacaciones por mi familia, que se vieron obligadas a regresar a su país después de ser retenidas durante 24 horas en el aeropuerto madrileño de Barajas.
Explicaba en el anterior post cómo nos resultó imposible, por la propia dinámica burocrática de su expedición, tramitar una Carta de Invitación para ambas mujeres. Y que descartada ésta, según las leyes españolas, aún quedaba la posibilidad de la factura de hotel.
Esto del hotel fue también una de las recomendaciones que nuestras invitadas recibieron en un consulado español en Venezuela, a donde decidieron acudir para informarse de los requisitos necesarios para viajar a España. Con todos esos requisitos recomendados, incluida copia de la factura de hotel que desde aquí les enviamos, llegaron a Barajas. Y ahí empezaron los problemas.
En el control de pasaportes ya fueron apartadas, junto a otros cuantos viajeros, para ser interrogadas por la policía española. Tras este primer interrogatorio, como pudimos saber después quienes las esperábamos, aún es posible que te permitan la entrada en el país.
Nos lo explicaban, intentando darnos ánimos, otras personas que como nosotros esperaban a alguien y no era la primera vez que se encontraban en esa situación. A algunos ya les había tocado esperar durante horas otras veces antes de ver que finalmente aparecían sus amigos o familiares por esas puertas de salida de viajeros que no sé cómo no taladramos con la mirada aquel día de tanto estar pendientes de ellas durante todo el día.
También nos contaban, y ahí ya nos empezamos a preocupar, historias que parecían increíbles. Alguien que hace meses venía con dinero en metálico y además su tarjeta de crédito, y a quien pretendían devolver, irónicamente, por no traer la cantidad de dinero suficiente. Y todo porque se negaban a permitirle demostrar la capacidad de crédito de esa tarjeta, como pedía -un cajero automático o una conexión a Internet bastan hoy día para eso. Aunque finalmente, tras varias horas de espera, consiguió entrar a España.
Ese y otros relatos similares -en los que no me extenderé aquí- nos estaban descubriendo un panorama que hasta ese día desconocíamos y que costaba creer. Sabíamos de la existencia de requisitos -por eso habíamos querido tramitarlos- pero no que la decisión final de que alguien entre o no en España puede depender del exclusivo criterio personal de un funcionario, más allá de que se cumplan esos requisitos.
También nos advirtieron, como así sucedió después, de que encontraríamos poca cooperación de esos funcionarios a la hora de interesarnos por la situación de nuestras invitadas.
Ellas, mientras tanto, no habían superado ese primer interrogatorio, cada una por separado. En este punto, ese halo kafkiano que rodea y envuelve todo el proceso de trámites para la recepción en tu hogar español de un turista latinoamericano se hace más visible. Mi futura suegra sabía todo de nosotros, a mí me conoce personalmente y estamos en comunicación regular vía telefónica, por donde mi madre y ella también se han ido conociendo desde hace más de un año. Pero no así su amiga, quien tuvo que aprenderse una serie de datos sobre nosotros precisamente para contestar a ese interrogatorio si llegaba el caso.
Es el absurdo total, pero tal y como está organizado no dejan otra salida posible. Y por lo que me han contado después me temo que su error, para mayor locura, fue ser demasiado sinceras. Quizá -y esto es sólo mi sospecha- sus dos versiones fueran tan similares que no parecieran creíbles. Aunque fueran la pura verdad.
En cualquier caso, me consta que mi suegra mencionó que su yerno la esperaba fuera y podía responder por ellas. Y eso mismo, por nuestro lado, comunicamos mi hermana y yo a la policía, aportando nuestros nombres y apellidos, mi relación con una de las mujeres y nuestra predisposición a firmar todo documento que fuera necesario para responsabilizarnos de su estancia aquí y hasta de que subieran al avión de regreso en la fecha indicada.
También manifestamos que estábamos un poco perplejos y no entendíamos nada de lo que estaba sucediendo, pues sabíamos que traían consigo lo necesario para entrar en España. Y que si podían decirnos qué requisito era exactamente el que incumplían o cuál era la razón concreta para su retención. Aquí, al contestar, el policía dudó un poco y le cambió el tono de voz, y se salió por la tangente para no aclararnos nada y decirnos que ellos tratan únicamente con el viajero. Vamos, que no nos iban a dar ninguna explicación. Ni ciudadanos españoles ni puñetas, no éramos nadie allí.
Todo esto por teléfono, eso sí, pues no existe otra posibilidad. Y para nada, porque aunque el policía que nos atendió nos dijo que transmitiría nuestros datos al jefe de fronteras que se supone debía aparecer para tomar la decisión final -algo que también le decían a las dos retenidas-, ese jefe nunca apareció.
En su lugar -y esto es algo que pasmaría al propio Kafka-, quien realizó el segundo interrogatorio fue… ¡la misma funcionaría que las había interrogado por primera vez!
¿Puede esperar alguien que quien le ha rechazado por primera vez cambie de opinión en unas pocas horas sin más datos que los que ya tenía anteriormente?
¿Para qué, pues, ese último interrogatorio? Muy sencillo. Para escenificar la comunicación definitiva de su devolución, con abogado de oficio presente. Abogado que en ningún momento interviene y sólo actúa de testigo mudo que aporte un aspecto de legalidad a lo que es, cuando menos, irregular.
Un abogado que ya después, en privado, reconoció ante las mujeres que sí cumplían los requisitos mínimos para entrar en España, pero que la policía había decidido devolverlas… y las devolvían. Así de claro y así de incomprensible.
¿Cómo puede suceder esto? Es fácil. La información que los viajeros encuentran sobre los requisitos necesarios es confusa o incompleta, dejando la puerta abierta al error y a la interpretación de los funcionarios de fronteras para que sean éstos, en último término, quienes decidan quién entra y quién no en España.
En nuestro caso, era la información obtenida por las viajeras en un consulado español en el país de origen, pero que la funcionaria que las interrogó desestimó diciendo algo así como “ellos allí y nosotros aquí”. Una funcionaria que en ningún momento les dejaba explicar nada, conminándolas a limitarse a responder a las preguntas, con una actitud que, como dije, mi suegra me describía como déspota. Una actitud a la que yo, tras conocer detalles más concretos, quizá aplicaría otros calificativos que me voy a reservar.
También he de reconocer, por justicia, que ella me hablado bien de otro policía, que tras ser advertido de que necesitaba su medicación -pues despojan a los retenidos de casi la totalidad de sus pertenencias personales- fue muy amable con ella diciéndole que no se preocupara, que cuando la necesitara se lo dijera y él se la proporcionaría. Y de la trabajadora social, que al conocer su condición de diabética se preocupó de tener esto en cuenta en las comidas que se les ofrecen.
Con todo, me sigue pareciendo una vergüenza el trato que se dispensa a esos retenidos, a quienes finalmente la policía conduce al avión de regreso para mayor evidencia de su condición de inadmitidos ante el resto de pasajeros. Y que deben esperar a su llegada al país de origen para recuperar un pasaporte en el que queda constancia sellada de que se les ha prohibido la entrada en España.
La impresión general que se llevan del trato recibido es, por ser suaves, desagradable. Gentes honradas que en su vida han tenido un roce con la ley y que se encuentran de repente con la sensación de ser considerados poco menos que delincuentes por errores en esos requisitos -cuando realmente los hay- que serían fácilmente solventables si el estado español quisiera habilitar los mecanismos para ello en lugar de blindar hasta el absurdo nuestra frontera sin atender a las razones y condiciones de cada viajero. Y de los españoles que esperamos a esos viajeros.
El resultado de toda esta sinrazón es que dos mujeres -cuya condición de turistas invitadas por españoles recalco- que ahora podrían estar disfrutando conociendo España de la mano de mi familia y el próximo día 30 regresarían felices a su país, después de haber comprobado las muchas bondades que en nuestro país y sus gentes existen, están ya de vuelta en su tierra, después de sentirse humilladas e injustamente tratadas, para alimentar con sus experiencias ese sentimiento anti español que va inundando Latinoamérica por culpa de estas historias de la sala de inadmitidos.
Porque lo que en aquellos países ya se comenta al respecto, de forma generalizada, no habla de las leyes del gobierno español o la policía de fronteras. Lo que se dice es que “los españoles” no les queremos aquí. Ni de turistas.
Yo, desde aquí, me desmarco de esa generalización y hago constar, por si de algo sirve, que esa sensación, aunque comprensible, no se corresponde con la realidad. Sorprende saber -y lo voy comprobando desde que lo viví personalmente y decidí difundirlo- la gran cantidad de españoles que ignoran las situaciones que se viven a diario en esa frontera de Barajas.
Por eso, como español -y atreviéndome a hacerlo también en nombre de los españoles que como yo se sienten avergonzados e indignados por esa situación-, exijo desde aquí a nuestro gobierno que tome las medidas necesarias para establecer unos controles fronterizos más racionales y justos, que no supongan un menoscabo de la dignidad de los viajeros ni atenten contra los derechos que les asisten, y que faciliten al viajero que realmente viene como turista -y a sus anfitriones españoles- mecanismos suficientes para probar su condición en caso de duda.
Así como que se lleve a cabo una racionalización del proceso de tramitación de la Carta de Invitación, devolviendo a los ciudadanos españoles que deseen invitar a un extranjero la entidad y valor que el simple hecho de ostentar esa ciudadanía debieran tener y tenían, antes de la imposición de las leyes actuales, dentro del estado español.
El control de la inmigración ilegal no puede ser excusa para el maltrato generalizado a los turistas latinoamericanos. Ni para esa otra generalización que convierte preventivamente en sospechoso de complicidad con esa inmigración ilegal a todo ciudadano español que pretenda invitar a un latinoamericano a visitar nuestro país.
Otros posts en esta serie:
- El día en que sentí vergüenza de ser español
- Carta de Invitación para Extranjeros: un laberinto para hacerte desistir de invitar a nadie
Imagen | Flickr de JMerelo
