iCities 2009 profundizará en esta ocasión en temas de Open Government, e-Administración y Participación Digital, con un plantel de ponentes que sin duda augura unas Jornadas tan interesantes y exitosas como resultaron en su primera edición, iCities 2008.
Como novedad destacable, la web de iCities 2009 integra el sistema de moderación de preguntas Google Moderator, que permite a los usuarios realizar preguntas dirigidas a las distintas mesas de debate y votar las preguntas realizadas por otros. Una aplicación que amplía la capacidad de participación de esos usuarios y eleva el nivel de los debates, democratizándolos aún más.
Podría desear suerte para estas Jornadas. Pero sé que todo irá de maravilla.
Hace exactamente una semana estábamos aún en plena celebración de las jornadas iCities, a falta de la media jornada final del domingo y empezando a lamentar ya que se terminaran.
Y es que fueron unas jornadas inolvidables, celebradas en un lugar ideal (tanto la Villa de Candelaria como el edificio de la Zona Joven) y con unos anfitriones (las gentes del ayuntamiento y la organización del evento) que se desvivían en amabilidades con los asistentes y velaban porque todo funcionara a la perfección. Y lo consiguieron.
El regreso a mis rutinas me ha devuelto también la escasez de tiempo para postear en este blog (espero que coyuntural, aunque ya dura la coyuntura ésta, ya), y hasta hoy no había encontrado un rato para hacerlo. Así que no haré un balance o resumen de los contenidos de las jornadas que otros han hecho ya magníficamente, como Pau Llop, Alorza o, más profusamente, Donaire.
Pero, como aporte no menos interesante, dejo aquí esta vista desde la entrada a la Zona Joven:
Y como visión panorámica de lo que en las jornadas aconteció, el excelente vídeo realizado por Roger Casas-Alatriste, emitido el pasado miércoles en Cámara Abierta 2.0:
Dentro de un mes estaré pasando un fin de semana en Tenerife, que no es mal destino. La excusa propicia, iCities, unas jornadas sobre blogs, e-government y participación digital que organiza por primera vez el Ayuntamiento de Candelaria con la colaboración de Las Ideas.
Blogosfera, ciberactivismo, participación ciudadana, emprendedores, software libre, e-gobierno… En resumen, un viaje por los múltiples aspectos de la realidad social que las nuevas tecnologías, y en particular Internet, vienen dibujando.
Un plantel de ponentes de primer orden se encargará de exponer y formar, en mesas y talleres, a los asistentes a estas jornadas que se celebrarán entre los días 9 y 11 del próximo mes de mayo.
La agencia tributaria húngara, APEH, quiere que la devolución de impuestos se gestione online y encarece a los empresarios de aquel país que utilicen esa vía. Hasta aquí la cosa suena bien, es una buena iniciativa. Pero como en bastantes de las ocasiones en que se mezclan gobernantes y nuevas tecnologías algo tenía que fallar. Y el problema, como tampoco puede resultarnos chocante, tiene que ver con Microsoft.
Más en concreto con su sistema operativo Windows, requisito imprescindible para instalar el programa que la APEH proporciona para la gestión de esas devoluciones.
Eso significa, así del tirón, que los usuarios de Macintosh, Linux o cualquier otro sistema diferente del de Microsoft no pueden utilizar el citado programa. A no ser, claro está, que compren e instalen de alguna forma el sistema operativo Windows. Que paguen el «impuesto Microsoft».
O que aceptando la increíble sugerencia de la APEH se acerquen al Telehaz más cercano -centro comunitario con acceso libre a Internet- y realicen desde allí sus trámites. Aunque esto suena a chiste para cualquiera. ¿Qué empresario iría a realizar sus gestiones de negocio desde un ordenador público?
Así las cosas, Charles Barcza, empresario, programador y responsable del desarrollo de la distribución de Linux blackPanther, decidió luchar en los tribunales contra lo que en su caso concreto es poco menos que un atropello. No sólo hay opciones a utilizar por la APEH que no obliguen a los ciudadanos a usar un software en particular, sino que el hecho de privilegiar a Microsoft va en claro perjuicio de la industria húngara del software.
La demanda sigue su curso y no sé cuándo habrá sentencia, pero espero que Barcza salga triunfante. Porque habrá triunfado también, entre otras cosas, el sentido común. Y habrá ganado la ciudadanía húngara.
No es algo nuevo ni exclusivo de Hungría el que los organismos gubernamentales parezcan confundir -o quieran hacerlo a sabiendas- la informática con la compañía estadounidense y asuman sin más que todos y cada uno de los usuarios han de utilizar, por obligación, sus productos.
Puede que sea lo más usual, pero eso no habilita a ningún gobierno democrático para convertirlo en norma de obligado cumplimiento. Lo que es una cuestionable imposición del mercado -el que la gran mayoría de ordenadores se vendan con Windows preinstalado, sin ofrecer otras opciones- no puede convertirse en ley ni interpretarse como tal. No debería ser así. Y todas las veces que recordemos esto a nuestros gobernantes serán pocas.
En España hemos tenido también nuestros episodios en ese sentido, con webs institucionales que exigían el uso de Microsoft Explorer -de otra forma no funcionaban- o acuerdos de colaboración entre instancias gubernamentales y esa empresa que sólo sirven para malgastar el dinero público. El caso del “amigo Robin” es el último ejemplo, poco menos que esperpéntico a mi juicio.
No parece, por lo que relatan quienes lo han examinado, que vaya a aportar nada de verdadera utilidad para la ciudadanía, en este caso para los adolescentes, pero sí para Microsoft, a quien de paso se le hace un favor desde el gobierno de España publicitando su programa de mensajería instantánea como si fuera el único del mercado y una verdadera panacea:
El robot se dirige fundamentalmente a chicos y chicas de entre 12 y 17 años, usuarios habituales de esta herramienta de comunicación que les hace sentirse a gusto, les permite estar conectados con sus amigos y familiares a cualquier hora y no les cuesta dinero.
Lo contrario, el seguir apostando por el software propietario en la administración, es un atraso que además a los ciudadanos nos cuesta un buen dinero.
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