8 de Noviembre de 2009
Leía esta mañana en el diario peruano La República que los medios presentes en la 65 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra estos días en Buenos Aires, debaten las nuevas formas de presión y censura encubiertas que el poder político ejerce sobre ellos.
Nuevos métodos más sutiles que la prohibición expresa y abierta, que pueden llevar a los medios a la necesidad de aplicar la autocensura si es que quieren subsistir. Y que se practican no sólo en aquellos países donde los problemas con la libertad de prensa son bien conocidos, sino también en otros donde esa situación no es tan evidente.
Me recordaba esta lectura una conversación con Luis Carlos Díaz, a través de mensajes directos en Twitter, no hace mucho tiempo, cuando el movimiento en defensa de la libertad de prensa en Venezuela bullía a todas horas en esa misma red de microblogging mediante el uso de la hashtag #FreeMediaVe.
Comentaba entonces a Luis Carlos mi impresión sobre la “infiltración” en el hilo de mensajes con esa tag de usuarios no venezolanos y quizá hasta ajenos a los propósitos de su uso. Y que más parecían aprovechar la coyuntura para dar rienda suelta a su antichavismo, pero con mensajes poco apropiados -en algunos casos con verdaderas barbaridades- para la causa que se pretendía defender.
Progolpistas hondureños o uribistas acérrimos, entre otras suertes de antichavistas, se habían adueñado de la tag para -en mi opinión, dado el cariz de muchos de sus mensajes- colaborar más en el desprestigio de esa causa que en su defensa.
La pista sobre esa incursión externa me la dio una respuesta a un tweet mío en el que enlazaba a un artículo de prensa donde el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, no salía muy bien parado. En un tono entre la burla y la ofensa -lo que ya dice mucho de su autor, a quien no conozco de nada-, el mensaje de respuesta venía a cebarse en mi supuesta ignorancia por dar crédito -también supuestamente, pues sólo tuiteé el enlace, sin ofrecer opinión personal alguna sobre su contenido- a lo que en ese artículo se afirmaba.
Pero lo que más me sorprendió fue ver, cerrando el mensaje, la tag #FreeMediaVe.
Principalmente, porque no pintaba nada en el contexto de nuestros mensajes, ajeno totalmente a la situación sufrida en Venezuela.
En segundo lugar, porque el tono de la respuesta no animaba a imaginar a su autor como muy respetuoso con la libertad de expresión ajena, premisa indispensable para solicitar el respeto por la propia.
Y finalmente, porque conociendo la triste trayectoria reciente del periodismo colombiano, con demasiados periodistas asesinados y exiliados a voluntad para huir de ese más que posible trágico fin, me costaba creer que a quien tanto parecía molestar que se criticara a Uribe le importara lo más mínimo la libertad de prensa, ni en su país ni en el vecino.
La realidad es que, curiosa y paradójicamente, pese a la caída en picado de la libertad de prensa en Venezuela, tanto Honduras como Colombia, países desde los que defensores enconados de sus respectivos gobiernos -el del golpista Micheletti y el de Uribe- enviaban encendidos mensajes al canal #FreeMediaVe, se encuentran aún en peor situación que la provocada hasta el momento por el gobierno de Chávez:
[...] La otra evolución que destacar concierne evidentemente Honduras (128º), ya de por sí con mala clasificación, donde el golpe de Estado del 28 junio 2009 le costó caro a la libertad de prensa. Predador de los medios de comunicación que no gozan de su favor, el gobierno golpista desplegó una verdadera estrategia de “silencio” de la información en detrimento de la prensa internacional. [...]
[...] El otro retroceso importante concierne a Venezuela (124º), que cuenta con un periodista asesinado en un contexto de inseguridad elevada, y donde el gobierno de Hugo Chávez modifica permanentemente las reglas para eliminar progresivamente cualquier prensa crítica del paisaje audiovisual hertziano. La confiscación inopinada, en agosto de 2009, de las frecuencias de 34 canales y emisoras regionales, responde directamente a este objetivo. El país, ya en mala posición en la clasificación anterior, se encuentra ahora entre los países peor considerados del continente en materia de libertad de prensa, no muy lejos de Colombia (126º) y México (137º ex aequo). En estos dos países, la violencia ambiente, que genera autocensura y temas tabús, se debe también y por mucho a los representantes de la fuerza pública. [...]
Son conclusiones del último informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo, correspondiente a 2009 y publicado el pasado 20 de octubre.
Con Cuba a la cabeza de los países latinoamericanos con menos libertades, en el puesto 170 de un total de 175 países, los cuatro citados en los párrafos anteriores, con su posición en la lista entre paréntesis, son los que la siguen inmediatamente.
La sensación que queda tras revisar el informe -ampliada con las denuncias en la Asamblea de la SIP-, es que Latinoamérica en su conjunto parece suspender en esa asignatura de la libertad de prensa. Una deriva preocupante, pues sin una prensa independiente la libertad de expresión se ve también mermada, y con ambas disminuidas es la calidad democrática la que mengua irremediablemente.
Porque como bien dice el cartel reproducido parcialmente en la imagen que encabeza el post -encontrado en el Flickr de Carlos Betancourt Carrero-, “La Prensa es la artillería de la Libertad”.
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14 de Octubre de 2009
Termino con este post la serie referida al incidente sufrido por dos ciudadanas venezolanas invitadas a España de vacaciones por mi familia, que se vieron obligadas a regresar a su país después de ser retenidas durante 24 horas en el aeropuerto madrileño de Barajas.
Explicaba en el anterior post cómo nos resultó imposible, por la propia dinámica burocrática de su expedición, tramitar una Carta de Invitación para ambas mujeres. Y que descartada ésta, según las leyes españolas, aún quedaba la posibilidad de la factura de hotel.
Esto del hotel fue también una de las recomendaciones que nuestras invitadas recibieron en un consulado español en Venezuela, a donde decidieron acudir para informarse de los requisitos necesarios para viajar a España. Con todos esos requisitos recomendados, incluida copia de la factura de hotel que desde aquí les enviamos, llegaron a Barajas. Y ahí empezaron los problemas.
En el control de pasaportes ya fueron apartadas, junto a otros cuantos viajeros, para ser interrogadas por la policía española. Tras este primer interrogatorio, como pudimos saber después quienes las esperábamos, aún es posible que te permitan la entrada en el país.
Nos lo explicaban, intentando darnos ánimos, otras personas que como nosotros esperaban a alguien y no era la primera vez que se encontraban en esa situación. A algunos ya les había tocado esperar durante horas otras veces antes de ver que finalmente aparecían sus amigos o familiares por esas puertas de salida de viajeros que no sé cómo no taladramos con la mirada aquel día de tanto estar pendientes de ellas durante todo el día.
También nos contaban, y ahí ya nos empezamos a preocupar, historias que parecían increíbles. Alguien que hace meses venía con dinero en metálico y además su tarjeta de crédito, y a quien pretendían devolver, irónicamente, por no traer la cantidad de dinero suficiente. Y todo porque se negaban a permitirle demostrar la capacidad de crédito de esa tarjeta, como pedía -un cajero automático o una conexión a Internet bastan hoy día para eso. Aunque finalmente, tras varias horas de espera, consiguió entrar a España.
Ese y otros relatos similares -en los que no me extenderé aquí- nos estaban descubriendo un panorama que hasta ese día desconocíamos y que costaba creer. Sabíamos de la existencia de requisitos -por eso habíamos querido tramitarlos- pero no que la decisión final de que alguien entre o no en España puede depender del exclusivo criterio personal de un funcionario, más allá de que se cumplan esos requisitos.
También nos advirtieron, como así sucedió después, de que encontraríamos poca cooperación de esos funcionarios a la hora de interesarnos por la situación de nuestras invitadas.
Ellas, mientras tanto, no habían superado ese primer interrogatorio, cada una por separado. En este punto, ese halo kafkiano que rodea y envuelve todo el proceso de trámites para la recepción en tu hogar español de un turista latinoamericano se hace más visible. Mi futura suegra sabía todo de nosotros, a mí me conoce personalmente y estamos en comunicación regular vía telefónica, por donde mi madre y ella también se han ido conociendo desde hace más de un año. Pero no así su amiga, quien tuvo que aprenderse una serie de datos sobre nosotros precisamente para contestar a ese interrogatorio si llegaba el caso.
Es el absurdo total, pero tal y como está organizado no dejan otra salida posible. Y por lo que me han contado después me temo que su error, para mayor locura, fue ser demasiado sinceras. Quizá -y esto es sólo mi sospecha- sus dos versiones fueran tan similares que no parecieran creíbles. Aunque fueran la pura verdad.
En cualquier caso, me consta que mi suegra mencionó que su yerno la esperaba fuera y podía responder por ellas. Y eso mismo, por nuestro lado, comunicamos mi hermana y yo a la policía, aportando nuestros nombres y apellidos, mi relación con una de las mujeres y nuestra predisposición a firmar todo documento que fuera necesario para responsabilizarnos de su estancia aquí y hasta de que subieran al avión de regreso en la fecha indicada.
También manifestamos que estábamos un poco perplejos y no entendíamos nada de lo que estaba sucediendo, pues sabíamos que traían consigo lo necesario para entrar en España. Y que si podían decirnos qué requisito era exactamente el que incumplían o cuál era la razón concreta para su retención. Aquí, al contestar, el policía dudó un poco y le cambió el tono de voz, y se salió por la tangente para no aclararnos nada y decirnos que ellos tratan únicamente con el viajero. Vamos, que no nos iban a dar ninguna explicación. Ni ciudadanos españoles ni puñetas, no éramos nadie allí.
Todo esto por teléfono, eso sí, pues no existe otra posibilidad. Y para nada, porque aunque el policía que nos atendió nos dijo que transmitiría nuestros datos al jefe de fronteras que se supone debía aparecer para tomar la decisión final -algo que también le decían a las dos retenidas-, ese jefe nunca apareció.
En su lugar -y esto es algo que pasmaría al propio Kafka-, quien realizó el segundo interrogatorio fue… ¡la misma funcionaría que las había interrogado por primera vez!
¿Puede esperar alguien que quien le ha rechazado por primera vez cambie de opinión en unas pocas horas sin más datos que los que ya tenía anteriormente?
¿Para qué, pues, ese último interrogatorio? Muy sencillo. Para escenificar la comunicación definitiva de su devolución, con abogado de oficio presente. Abogado que en ningún momento interviene y sólo actúa de testigo mudo que aporte un aspecto de legalidad a lo que es, cuando menos, irregular.
Un abogado que ya después, en privado, reconoció ante las mujeres que sí cumplían los requisitos mínimos para entrar en España, pero que la policía había decidido devolverlas… y las devolvían. Así de claro y así de incomprensible.
¿Cómo puede suceder esto? Es fácil. La información que los viajeros encuentran sobre los requisitos necesarios es confusa o incompleta, dejando la puerta abierta al error y a la interpretación de los funcionarios de fronteras para que sean éstos, en último término, quienes decidan quién entra y quién no en España.
En nuestro caso, era la información obtenida por las viajeras en un consulado español en el país de origen, pero que la funcionaria que las interrogó desestimó diciendo algo así como “ellos allí y nosotros aquí”. Una funcionaria que en ningún momento les dejaba explicar nada, conminándolas a limitarse a responder a las preguntas, con una actitud que, como dije, mi suegra me describía como déspota. Una actitud a la que yo, tras conocer detalles más concretos, quizá aplicaría otros calificativos que me voy a reservar.
También he de reconocer, por justicia, que ella me hablado bien de otro policía, que tras ser advertido de que necesitaba su medicación -pues despojan a los retenidos de casi la totalidad de sus pertenencias personales- fue muy amable con ella diciéndole que no se preocupara, que cuando la necesitara se lo dijera y él se la proporcionaría. Y de la trabajadora social, que al conocer su condición de diabética se preocupó de tener esto en cuenta en las comidas que se les ofrecen.
Con todo, me sigue pareciendo una vergüenza el trato que se dispensa a esos retenidos, a quienes finalmente la policía conduce al avión de regreso para mayor evidencia de su condición de inadmitidos ante el resto de pasajeros. Y que deben esperar a su llegada al país de origen para recuperar un pasaporte en el que queda constancia sellada de que se les ha prohibido la entrada en España.
La impresión general que se llevan del trato recibido es, por ser suaves, desagradable. Gentes honradas que en su vida han tenido un roce con la ley y que se encuentran de repente con la sensación de ser considerados poco menos que delincuentes por errores en esos requisitos -cuando realmente los hay- que serían fácilmente solventables si el estado español quisiera habilitar los mecanismos para ello en lugar de blindar hasta el absurdo nuestra frontera sin atender a las razones y condiciones de cada viajero. Y de los españoles que esperamos a esos viajeros.
El resultado de toda esta sinrazón es que dos mujeres -cuya condición de turistas invitadas por españoles recalco- que ahora podrían estar disfrutando conociendo España de la mano de mi familia y el próximo día 30 regresarían felices a su país, después de haber comprobado las muchas bondades que en nuestro país y sus gentes existen, están ya de vuelta en su tierra, después de sentirse humilladas e injustamente tratadas, para alimentar con sus experiencias ese sentimiento anti español que va inundando Latinoamérica por culpa de estas historias de la sala de inadmitidos.
Porque lo que en aquellos países ya se comenta al respecto, de forma generalizada, no habla de las leyes del gobierno español o la policía de fronteras. Lo que se dice es que “los españoles” no les queremos aquí. Ni de turistas.
Yo, desde aquí, me desmarco de esa generalización y hago constar, por si de algo sirve, que esa sensación, aunque comprensible, no se corresponde con la realidad. Sorprende saber -y lo voy comprobando desde que lo viví personalmente y decidí difundirlo- la gran cantidad de españoles que ignoran las situaciones que se viven a diario en esa frontera de Barajas.
Por eso, como español -y atreviéndome a hacerlo también en nombre de los españoles que como yo se sienten avergonzados e indignados por esa situación-, exijo desde aquí a nuestro gobierno que tome las medidas necesarias para establecer unos controles fronterizos más racionales y justos, que no supongan un menoscabo de la dignidad de los viajeros ni atenten contra los derechos que les asisten, y que faciliten al viajero que realmente viene como turista -y a sus anfitriones españoles- mecanismos suficientes para probar su condición en caso de duda.
Así como que se lleve a cabo una racionalización del proceso de tramitación de la Carta de Invitación, devolviendo a los ciudadanos españoles que deseen invitar a un extranjero la entidad y valor que el simple hecho de ostentar esa ciudadanía debieran tener y tenían, antes de la imposición de las leyes actuales, dentro del estado español.
El control de la inmigración ilegal no puede ser excusa para el maltrato generalizado a los turistas latinoamericanos. Ni para esa otra generalización que convierte preventivamente en sospechoso de complicidad con esa inmigración ilegal a todo ciudadano español que pretenda invitar a un latinoamericano a visitar nuestro país.
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12 de Octubre de 2009
Esto va ligado a mi anterior post, en el que denunciaba cómo, el sábado hizo una semana, la madre de mi novia y una amiga suya, ambas de nacionalidad venezolana, fueron injustamente retenidas en la frontera del aeropuerto de Barajas para ser devueltas al día siguiente a su país.
Para explicar bien lo ocurrido, aún a riesgo de necesitar algún post más para completar el relato, creo necesario comenzar por los antecedentes de ese viaje.
Lejos de cualquier precipitación, la visita de las dos mujeres -invitadas por mi madre, como ya dije- se venía planificando desde hacia meses. Y conocedores de la necesidad de unos requisitos para su ingreso en España -aunque ignorantes de la arbitrariedad con que se decide devolver a los viajeros- nos propusimos desde un principio realizar todos los trámites que fueran necesarios.
La primera intención fue solicitar una Carta de Invitación, pero ahí ya surgieron los primeros contratiempos.
Para empezar -por si alguien que lea esto necesita solicitarla-, los requisitos para tramitar esa carta que aparecen en la web del Ministerio del Interior no se corresponden con los que te piden cuando acudes a la comisaría a informarte para realizar el trámite.
En esa web no se explica, entre otras cosas, que si el vínculo con el invitado es de amistad hay que demostrar ésta documentalmente -con fotos en las que aparezcan juntos invitante e invitado, correspondencia postal o digital, fotocopia del pasaporte del invitante acreditando que se ha visitado el país del invitado, etc.-, adjuntar fotocopia de la totalidad de su pasaporte -para verificar posibles sellos de entrada y salida de España- y aportar una certificación oficial -declaración jurada ante notario, certificado de la policía de su país…- acreditativa de su domicilio en su país de origen.
El primer punto no alcanzo a entenderlo. El tener que mostrar a la policía mi correspondencia personal, con quien fuere, ¿no supone un atentado contra mi intimidad?
En nuestro caso concreto, además, se daba otra paradoja. Yo sí tengo fotos junto a mi suegra, por ejemplo, pero no así mi madre. Ni cartas, mails u otra forma de probar la relación de amistad. El trato entre ambas, aunque ya prolongado, se había limitado a conversaciones telefónicas que a pesar de ser regulares, prácticamente semanales, no servían ahora para demostrar nada por más que la amistad existiera realmente.
Y dado que al invitante se le exige demostrar su residencia -escrituras, contrato de alquiler, etc.-, resulta que la única que podía solicitar la tramitación de esa invitación, según nos comunicaban, era mi madre. De nada sirve que el domicilio, también el mío, conste en mi DNI. El estado español no me deja invitar a nadie hasta que me compre una casa o me vaya a vivir de alquiler.
Por otro lado, la solicitud ha de realizarse en la comisaría más cercana al domicilio del solicitante. Esto significaba en nuestro caso, ya que vivimos en un pueblo, viajar 50 kilómetros por carretera para realizar el trámite. Y todo para encontrarnos -era el mes de agosto- con que el responsable de inmigración en esa comisaría estaba de vacaciones y no regresaba hasta septiembre.
Tras esto, decidimos preguntar en Madrid, donde también tenemos vivienda en propiedad -y en esa hasta consto yo entre los propietarios, como heredero- y donde además, de haber podido entrar en España, teníamos pensado que nuestras invitadas pasaran buena parte de sus vacaciones.
Un nuevo problema. Tanto mi madre como yo estamos empadronados en el pueblo, y parece ser que no basta con tener una vivienda en propiedad en el municipio donde se solicite la invitación. Hay que estar también empadronado en él. La alternativa madrileña tampoco era posible. A no ser que alguno de los dos se volviera a empadronar en Madrid. Lo que mi madre, ya mareada con tanta traba para que dos amigas vinieran a pasar unas vacaciones, llegó a pensar hacer.
De todas formas, pronto nos olvidamos de estos inconvenientes. Según nos dijo un policía, tramitar la invitación para la amiga de mi suegra, con quien sí que no existe una relación de amistad directa, resultaba del todo imposible. No se podía solicitar carta para ella.
La posibilidad de la carta de invitación se cerraba así definitivamente, a la vez que crecía nuestra perplejidad. No es que sea algo tan descabellado que alguien que venga a visitarte, de vacaciones, viaje acompañado por un amigo -una novia o un novio lo son hasta que no haya boda, por poner un ejemplo evidente-, así que resulta del todo incomprensible que no exista un mecanismo legal para poder invitar a tu casa a esa otra persona.
Y al parecer, según he podido saber después, casi hasta tuvimos suerte, porque por lo visto no se piden los mismos requisitos en todas las comisarías y a la que acudimos no debía ser de las peores. Otra incongruencia inexplicable. Porque el que esos requisitos varíen según el índice de población inmigrante de cada distrito -posible razón de esas variaciones que he leído por ahí- a mí no me sirve como explicación válida.
A mí me quedaba la duda -y me queda aún- de que el ser ciudadano español, nacido español, sirva de algo ya en España. Antes de que en 2007 se impusieran estas absurdas leyes -que no por europeas lo son menos- bastaba con certificar ante un notario la intención de acoger a un visitante responsabilizándote de su estancia, incluido el aspecto económico. Nuestra palabra y nuestro compromiso como españoles aún valían algo. Ahora ya no valen nada.
Muy al contrario, parece que se presumiera nuestra culpabilidad como posibles cómplices de la entrada de ilegales en España, debiendo demostrar previamente nuestra inocencia hasta despejar cualquier posibilidad de sospecha. Nos han convertido en ciudadanos “presuntos culpables”.
La impresión que me quedó tras todo esto -totalmente personal y subjetiva- es que quien hizo la ley sólo barajó una de las variantes de la entrada de extranjeros, particularmente latinoamericanos, en España: el que vengan a visitar a otros inmigrantes aquí asentados. Y asociando cualquier intención de visita con la sospecha de que esconda otra pretensión, la de entrar a nuestro país para permanecer después aquí de forma ilegal. Todos presuntamente culpables hasta que se demuestre lo contrario.
No han dejado espacio para el turismo -el de toda la vida- previa invitación de un ciudadano español. O sí, pero obligando a éste a pasar por un proceso de tramitación de requisitos que fácilmente le quite las ganas de invitar a nadie.
A pesar de todo, aún nos quedaba otra vía, la de la factura de hotel. Pero de esto hablaré en el siguiente post.
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6 de Octubre de 2009
El pasado sábado, 3 de octubre de 2009, mientras regresaba a casa cansado, abatido y profundamente indignado después de pasar más de 13 horas en el aeropuerto de Barajas sin ni siquiera poder haber visto -aunque fuera de lejos o a través de un cristal- a las ciudadanas venezolanas que había ido a recibir, recordaba -para incremento de mi indignación- las palabras de Zapatero en su discurso ante los miembros del COI el día anterior, respecto a la candidatura de Madrid:
Es también la candidatura de un país europeo. De un país que se siente profundamente europeo, al tiempo que mediterráneo y latinoamericano.
Resultaba irónico -por ser suave en el calificativo- que el presidente del gobierno español apelara al sentimiento latinoamericano de nuestro país mientras decenas de ciudadanos procedentes de países de Latinoamérica son diariamente “inadmitidos” para su entrada en territorio español y devueltos a su origen, muchos de ellos de manera arbitraria y caprichosa, sin justificación legal suficiente para negarles el paso por la frontera.
Este fue el caso de las dos mujeres que fui a esperar -una de ellas la madre de mi novia, la otra una amiga suya-, que invitadas por mi madre venían a visitarnos y conocer España, de vacaciones. Dos señoras con edades sobre los 60 años, cuyas familias e intereses quedaban en su lugar de origen, difícilmente confundibles con gentes que quieran entrar en España para permanecer después aquí de forma ilegal.
Dos señoras que cumplían todos los requisitos exigidos por la ley para ser admitidas en España. Y que además de contar con las indagaciones que nosotros hicimos aquí habían acudido al consulado español en Venezuela -donde, he de decirlo como me lo contaron, las atendieron de manera exquisita- para ser asesoradas sobre esos requisitos.
Nadie podía esperar pues -ni ellas ni nosotros- que a su llegada a Barajas las retuvieran como “inadmitidas” para ser devueltas a Venezuela veinticuatro horas después de su llegada. Ni mucho menos que durante su obligada estancia en la ignominiosa “sala de inadmitidos” de la T1 de Barajas recibieran por parte de los funcionarios españoles un trato tan inhumano y denigrante.
Sobre esto último escribiré con más detenimiento cuando pueda hablar largo y tendido con la madre de mi novia -anteanoche me llamó para decirme que ya estaban en Caracas, pero debían esperar hasta ayer en la tarde para coger un vuelo nacional que las acercara a su ciudad- y me pueda dar detalles más concretos de ese trato que en las conversaciones telefónicas del sábado, mientras ellas permanecían retenidas y nosotros intentábamos hallar una solución para esa injusticia, sólo acertó a describirme diciendo con tristeza que los policías estaban siendo “muy déspotas” con ellas.
Conociéndola, sé que eso puede encerrar mucho más. Y de ser así lo contaré aquí sin morderme la lengua. Como también hablaré de la nula colaboración de los funcionarios de fronteras con los ciudadanos españoles que quieren interesarse por la situación de algún pasajero retenido. La única sensación que me quedó del contacto con ellos es que se burlaron miserablemente de nosotros sin poner el más mínimo interés en aclarar nuestras dudas. Otra ofensa que añadir al repertorio.
Como dice el título de este post, el pasado sábado, tras descubrir esa inadmisible actuación policial que a diario se lleva a cabo en nuestra frontera, sentí vergüenza de ser español. No alcanzaba a comprender -ni entenderé jamás- cómo en un país democrático, en ese estado de derecho del que tanto presumimos a veces, se pueden consentir -si es que no se alientan desde el poder político- esas violaciones diarias de los derechos humanos más fundamentales.
Una cosa es controlar el flujo de inmigración para evitar la entrada de ilegales y otra muy distinta, que no tiene excusa posible, maltratar y vejar “por deporte”, antes de devolverlos a su origen sin argumentos legales consistentes, a decenas y decenas de ciudadanos de otros países que sólo vienen de vacaciones o a visitar temporalmente a sus parientes.
Es intolerable que en un país como el nuestro se devuelva a los viajeros por un sistema de “cuotas” númericas -hoy hay que devolver “x” ciudadanos de tal país- sin que el cumplir con los requisitos exigidos por ley sea garantía de entrada en España. Y lo es aún mucho más que una vez retenidos se les trate como delincuentes, con una actitud policial muy alejada de lo exigible a las fuerzas de seguridad de un estado democrático y europeo y negándoseles toda posibilidad de asistencia externa para su defensa.
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