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El «impuesto Microsoft»

16 de Enero de 2008

Charles Barcza y blackPantherLa agencia tributaria húngara, APEH, quiere que la devolución de impuestos se gestione online y encarece a los empresarios de aquel país que utilicen esa vía. Hasta aquí la cosa suena bien, es una buena iniciativa. Pero como en bastantes de las ocasiones en que se mezclan gobernantes y nuevas tecnologías algo tenía que fallar. Y el problema, como tampoco puede resultarnos chocante, tiene que ver con Microsoft.

Más en concreto con su sistema operativo Windows, requisito imprescindible para instalar el programa que la APEH proporciona para la gestión de esas devoluciones.

Eso significa, así del tirón, que los usuarios de Macintosh, Linux o cualquier otro sistema diferente del de Microsoft no pueden utilizar el citado programa. A no ser, claro está, que compren e instalen de alguna forma el sistema operativo Windows. Que paguen el «impuesto Microsoft».

O que aceptando la increíble sugerencia de la APEH se acerquen al Telehaz más cercano -centro comunitario con acceso libre a Internet- y realicen desde allí sus trámites. Aunque esto suena a chiste para cualquiera. ¿Qué empresario iría a realizar sus gestiones de negocio desde un ordenador público?

Así las cosas, Charles Barcza, empresario, programador y responsable del desarrollo de la distribución de Linux blackPanther, decidió luchar en los tribunales contra lo que en su caso concreto es poco menos que un atropello. No sólo hay opciones a utilizar por la APEH que no obliguen a los ciudadanos a usar un software en particular, sino que el hecho de privilegiar a Microsoft va en claro perjuicio de la industria húngara del software.

La demanda sigue su curso y no sé cuándo habrá sentencia, pero espero que Barcza salga triunfante. Porque habrá triunfado también, entre otras cosas, el sentido común. Y habrá ganado la ciudadanía húngara.

No es algo nuevo ni exclusivo de Hungría el que los organismos gubernamentales parezcan confundir -o quieran hacerlo a sabiendas- la informática con la compañía estadounidense y asuman sin más que todos y cada uno de los usuarios han de utilizar, por obligación, sus productos.

Puede que sea lo más usual, pero eso no habilita a ningún gobierno democrático para convertirlo en norma de obligado cumplimiento. Lo que es una cuestionable imposición del mercado -el que la gran mayoría de ordenadores se vendan con Windows preinstalado, sin ofrecer otras opciones- no puede convertirse en ley ni interpretarse como tal. No debería ser así. Y todas las veces que recordemos esto a nuestros gobernantes serán pocas.

En España hemos tenido también nuestros episodios en ese sentido, con webs institucionales que exigían el uso de Microsoft Explorer -de otra forma no funcionaban- o acuerdos de colaboración entre instancias gubernamentales y esa empresa que sólo sirven para malgastar el dinero público. El caso del “amigo Robin” es el último ejemplo, poco menos que esperpéntico a mi juicio.

No parece, por lo que relatan quienes lo han examinado, que vaya a aportar nada de verdadera utilidad para la ciudadanía, en este caso para los adolescentes, pero sí para Microsoft, a quien de paso se le hace un favor desde el gobierno de España publicitando su programa de mensajería instantánea como si fuera el único del mercado y una verdadera panacea:

El robot se dirige fundamentalmente a chicos y chicas de entre 12 y 17 años, usuarios habituales de esta herramienta de comunicación que les hace sentirse a gusto, les permite estar conectados con sus amigos y familiares a cualquier hora y no les cuesta dinero.

Lo que nos costaría muchísimo menos dinero a todos y a bastantes nos haría sentirnos más a gusto y convencidos de que realmente nuestros políticos trabajan para nuestro bienestar y progreso es que todas las administraciones siguieran el ejemplo abanderado por la de Extremadura y adoptaran políticas para utilizar y promocionar el uso del software libre.

Lo contrario, el seguir apostando por el software propietario en la administración, es un atraso que además a los ciudadanos nos cuesta un buen dinero.

El del «impuesto Microsoft».

Vía | OpenSourceCommunity.org

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Por la soberanía tecnológica

28 de Julio de 2007

Liberación Digital

No parece haber necesitado Microsoft recurrir para tratar con el gobierno de Chile a las amenazas que hace tiempo profería Steve Ballmer ante un auditorio de líderes asiáticos tentados por el ejemplo de China a usar Linux en sus respectivas administraciones. Aquella muestra de soberbia y arrogancia nos liberó -al menos a mí- de cualquier sensación de prejuicio a la hora de criticar a esa compañía por sus permanentes aspiraciones monopolísticas y sus repetidas malas artes de negocio.

Porque lo deseable, lo plausible, lo premiable, es que una compañía triunfe sobre las demás porque su producto es, sino el mejor, tan bueno como el mejor. Ese es, o debería ser, el espíritu de estos tiempos modernos donde progreso y libertad deben ser términos que caminen juntos, resintiéndose cualquiera de ellos gravemente cuando a su lado falta el otro. No hay otra forma posible de avanzar. Ya no.

El viejo método de la imposición, de la exclusividad, del totalitarismo, ése que sigue practicando empecinadamente Microsoft, está condenado al fracaso, tarde éste más o menos tiempo en materializarse de manera evidente. Sus productos no son, hoy por hoy, los mejores. Son, eso sí, los más usados y los únicos que conoce la gran mayoría de usuarios medios. Pero el nivel de preparación de los usuarios irá, lógicamente, creciendo. Y con él su capacidad crítica y de elección.

De nada valdrá entonces la habilidad de Microsoft para influir en las decisiones de gobiernos y administraciones con el fin de imponer el uso de sus tecnologías. Esos mismos usuarios, esos mismos ciudadanos, demandarán a sus representantes una mejor gestión de los recursos públicos también en el ámbito tecnológico. Llegado ese momento, serán los mismos políticos quienes sabrán tomar las decisiones más acertadas. Mal que le pese a Microsoft, los gobiernos los eligen los ciudadanos, los usuarios.

Afortunadamente, Chile tiene una avanzadilla ciudadana comprometida, formada, responsable y activa. Lo prueba, como un ejemplo más, el Movimiento de Liberación Digital surgido contra el acuerdo del gobierno chileno con Microsoft para, de manera casi literal, regalarles el país. O, al menos, dejarles mantener secuestrada la soberanía tecnológica chilena.

Condicionar el desarrollo tecnológico de un país al capricho o intereses de una empresa privada del cariz de Microsoft es, hoy por hoy, poner freno a su progreso, tanto social como económico. De ahí que en el mundo actual la soberanía tecnológica sea tan necesaria y crucial.

Si en Microsoft no pueden entender y respetar eso, allá ellos, se terminará volviendo en su contra un día u otro. Si los políticos no quieren o no saben comprenderlo, que se vayan y dejen en su lugar a otros más capaces o más honestos.

Porque tanto los unos como los otros, aunque no parezcan darse cuenta de ello, cada vez engañan a menos gente.

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