Twitter tenía prevista para hoy una parada de mantenimiento que finalmente se ha postergado. Hora y media de “apagón twittero” que de haberse llevado a cabo a la hora prefijada -madrugada en Estados Unidos- habría dejado a los usuarios iraníes sin la posibilidad de usar la red a pleno día en su país.
Quizá haya tenido también algo que ver la petición de los usuarios mediante la hashtag #nomaintenance, pero en cualquier caso hay que reconocer que Twitter ha sabido estar esta vez a la altura de las circunstancias.
Aunque haya quienes, intentando vender lo obvio como producto de sesudas reflexiones, se enreden en inútiles disquisiciones sobre si el protagonismo debe tenerlo Twitter o las personas que lo usan. Imagino que a los iraníes que piden unas elecciones limpias les debe importar bien poco esa ociosa cuestión.
Sin embargo, seguro que sí agradecerán el gesto de Twitter modificando el horario de mantenimiento. O, perdón, el gesto de las personas que dirigen Twitter.
Si las cumbres económicas suelen ser cita de manifestación de movimientos sociales y grupos activistas, el panorama de crisis que nos afecta intensifica el clamor de esas voces de protesta.
Muchos son los encuentros de ese tipo convocados con motivo de la reunión de países del G20 que se celebra en Londres, tanto en la propia capital británica como en otros muchos lugares.
Entre otros, dos buenos sitios para estar al tanto del desarrollo de esas protestas son White Band Action y Demotix, que publica un especial en el que ya se pueden encontrar bastantes imágenes.
“Criminales y falsos”. Esos son los calificativos que Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia, lanza contra los activistas pro derechos humanos que se desplazaron a su país para comprobar sobre el terreno la situación que viven los indígenas del Cauca, en el suroeste colombiano.
“Apologistas del delito y distorsionantes de la verdad”. También de eso les acusa. Y quizá por eso el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) tampoco se lo pensó dos veces a la hora de realizar detenciones y expulsiones del país por la vía de la urgencia, al parecer de manera arbitraria y sin permitir una asistencia legal de garantía para los detenidos.
Criminalizar a quienes se oponen al planteamiento del gobierno es práctica frecuente. Los propios indígenas, que ahora marchan hacia Cali continuando su protesta, han sido llamados terroristas o acusados de estar infiltrados por la guerrilla, y ahora, para restar legitimidad a la marcha emprendida, desde el gobierno se insinúa que está financiada con dinero procedente del extranjero. Aunque no se precise esa procedencia.
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